La fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha iniciado una investigación contra la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por presuntos actos que podrían haber puesto en riesgo a la población local en casos relacionados con fentanilo. El caso se enfoca en si agentes de la DEA priorizaron investigaciones penales sobre la seguridad pública, lo que generó controversia en el estado.
El escándalo surge en un contexto de crisis de adicción a opioides, donde Nuevo México ha sido uno de los estados con mayores tasas de muertes por sobredosis de fentanilo. La investigación busca determinar si la DEA, en colaboración con autoridades locales, permitió que casos criminales relacionados con la droga afectaran la salud pública, como la distribución de sustancias peligrosas en zonas vulnerables.
El caso se desarrolla en medio de tensiones entre el gobierno estatal y la DEA, que ha sido criticada en el pasado por su enfoque en la captura de traficantes en lugar de abordar la crisis de salud. Torrez, quien ha destacado su compromiso con la justicia social, argumenta que la seguridad pública debe priorizar la prevención y el apoyo a comunidades afectadas, en lugar de enfoques represivos que podrían generar consecuencias negativas.
La DEA no ha emitido un comunicado oficial sobre la investigación, pero fuentes cercanas a la agencia indican que se está evaluando la posibilidad de revisar protocolos de trabajo. Si se confirma que hubo negligencia, podría desencadenar sanciones internas o cambios en las estrategias de combate al tráfico de drogas a nivel nacional. El caso también ha generado debates sobre la responsabilidad de las autoridades federales en la gestión de la crisis de adicción.
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