El Gobierno del estado de Nuevo León aprobó una nueva Ley de Turismo que busca regular plataformas como Airbnb y preparar al sector para la llegada del Mundial de 2026. La iniciativa fue firmada en Monterrey y busca actualizar las normativas que llevaban 20 años sin cambios, estableciendo un marco legal más claro para el crecimiento sostenible del turismo en la región. La ley incluye 123 artículos que establecen obligaciones para operadores, reglas para la actividad de alojamiento turístico y la creación de consejos municipales para su implementación.
La normativa responde a la necesidad de modernizar el sector, que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente con la popularidad de plataformas de alojamiento compartido. La Secretaría de Turismo del estado destacó que la ley busca equilibrar la oferta turística con la protección de los derechos de los residentes y la conservación del entorno. Además, contempla mecanismos para garantizar que el turismo contribuya al desarrollo local sin afectar la calidad de vida de las comunidades.
El anuncio se dio en el contexto de la preparación para el Mundial de 2026, que se celebrará en tres ciudades mexicanas, incluyendo Monterrey. La ley prevé un incremento en el número de visitantes, estimado entre 350 mil y 400 mil personas durante el evento, lo que exige una regulación más estricta para evitar sobrecargas en infraestructura y servicios. El gobierno local señaló que el enfoque en sostenibilidad incluye incentivos para proyectos turísticos que prioricen la reducción de residuos, el uso de energías limpias y la promoción de actividades culturales locales.
La aprobación de la ley ha generado expectativas entre los empresarios del sector, quienes ven en ella una oportunidad para estandarizar las operaciones y atraer inversiones. Sin embargo, también surgen dudas sobre cómo se aplicarán las reglas, especialmente en zonas con alta presencia de alojamientos no regulados. Expertos en turismo destacan que la clave para el éxito de la normativa estará en la coordinación entre gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil para asegurar que el crecimiento no comprometa el patrimonio natural y cultural de la región.
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