La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por homicidio culposo tras el colapso de una estructura durante el festival Axe Ceremonia, que causó la muerte de dos fotoperiodistas el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. Las empresas involucradas, cuyos nombres no se especifican en la noticia, deben presentar garantías de 500 mil pesos para evitar prisión preventiva, mientras enfrentan un juicio por la tragedia que generó conmoción en la comunidad artística y de seguridad. Los directivos acusados se encuentran bajo investigación por presuntas negligencias en la construcción y supervisión de la infraestructura del evento.
El festival Axe Ceremonia, organizado por empresas de entretenimiento con antecedentes en eventos masivos, había sido criticado previamente por su manejo de seguridad. En 2023, un incidente menor en una edición anterior generó reclamos de asistentes por falta de accesos seguros, lo que sugiere un patrón de omisiones en la planificación. El colapso de 2025, que afectó a dos periodistas que cubrían el evento, resalta la urgencia de revisar protocolos de seguridad en festivales con alta afluencia, especialmente en espacios públicos como el Parque Bicentenario, que también ha sido escenario de otros incidentes.
A nivel estatal, el caso refleja tensiones entre la promoción de eventos culturales y la responsabilidad regulatoria. La Fiscalía de la CDMX, en coordinación con autoridades locales, busca establecer responsabilidades claras, pero el proceso podría enfrentar desafíos para garantizar justicia, especialmente si las empresas involucradas tienen vínculos con otros sectores económicos. A nivel nacional, el incidente se suma a una serie de tragedias en eventos masivos, como el incendio en el Teatro Nacional de 2022, lo que exige una revisión de normativas de seguridad en espacios públicos y privados.
Las consecuencias de este caso podrían incluir la implementación de auditorías más estrictas para eventos con estructuras temporales, así como la creación de protocolos específicos para la cobertura de medios en festivales. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las empresas y directivos involucrados limita la posibilidad de evaluar su impacto real. La comunidad periodística y organizadores de eventos han exigido mayor responsabilidad, mientras que expertos en seguridad advierten sobre la necesidad de priorizar la vida humana sobre el éxito comercial de los eventos.
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