La Cámara de Diputados de México ha declarado constitucionales las reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata, después de que estas fueran avaladas por 20 congresos locales, un número suficiente para su aprobación definitiva.
La reforma establece que la prohibición del nepotismo electoral será aplicable a partir de los procesos electorales federales y locales a celebrarse en 2030. Esto implica que las personas que busquen participar en cargos de elección popular no podrán tener vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho, parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, o de afinidad hasta el segundo grado, en los últimos tres años anteriores al día de la elección[3].
Además, la reforma incluye la prohibición de la reelección inmediata para las personas servidoras públicas, también a partir de 2030. Esto significa que aquellos que en 2030 estén ejerciendo cargos públicos no podrán postularse para procesos de reelección[3].
La implementación de estas reformas busca promover la transparencia y la meritocracia en los procesos electorales, fortaleciendo la legitimidad del sistema político mexicano y creando un nuevo baluarte constitucional para la democracia representativa y los derechos fundamentales[3].
Los partidos políticos, incluyendo Morena y sus aliados, han comprometido a través de modificaciones estatutarias internas a no apoyar candidaturas que resulten de prácticas nepotistas en las elecciones de 2025 y 2027, aunque la reforma constitucional no entrará en vigor hasta 2030[1].
