Venezuela ha aprobado una nueva y controvertida ley que impone severas sanciones a aquellos que apoyen las sanciones internacionales contra el país. Esta legislación, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes se involucren en actividades que favorezcan las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros o entidades internacionales.
La ley responde a las sanciones económicas y políticas que Venezuela ha enfrentado, particularmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Las autoridades venezolanas argumentan que el objetivo es proteger la soberanía del país y garantizar la estabilidad del gobierno.
Además de las penas de prisión, la ley incluye multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares, así como inhabilitaciones políticas de hasta 60 años. La legislación también castiga con idénticas penas a aquellos que promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, respalden, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra Venezuela.
Los medios de comunicación que divulguen “propaganda” o “mensajes” a favor de las sanciones también enfrentarán sanciones, incluyendo la revocatoria de la concesión para operar y multas similares. Los extranjeros que respalden las sanciones podrán ser expulsados del país y enfrentar la confiscación de bienes.
Esta medida se implementa en un contexto de recrudecidas tensiones políticas, especialmente después de la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato, la cual ha sido denunciada como un fraude por la oposición[2][3][4].
