El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha tomado una decisión significativa contra la campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades electorales. Este martes, el CNE decidió abrir una investigación y formular cargos contra la campaña de Petro por supuestas violaciones al régimen de financiación de las campañas electorales.
Los cargos se centran en la presunta vulneración de los límites de gasto establecidos durante las elecciones presidenciales de 2022. Se sospecha que la campaña de Petro superó los topes de gasto permitidos y recurrió a fuentes de financiación prohibidas que no fueron declaradas. Los involucrados directamente en estos cargos incluyen al propio Gustavo Petro, el gerente de su campaña Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.
Según el CNE, durante la primera vuelta electoral, la campaña de Petro presuntamente excedió el límite de gastos en una suma de 3.709.361.342 pesos (aproximadamente 878.000 dólares). En la segunda vuelta, se presume que violaron nuevamente el límite de gastos por una suma de 1.646.386.773 pesos (aproximadamente 389.541 dólares). Estos gastos supuestamente se destinaron a pagos de testigos electorales, propaganda, y celebraciones de la elección presidencial, entre otros.
Además, el CNE indicó que la campaña de Petro no informó sobre aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo, y la Unión Sindical Obrera (USO). También se mencionan donaciones del Movimiento Político Colombia Humana y la USO, las cuales se presume fueron gastadas en pagos de la fiesta de celebración de su elección presidencial y en transporte aéreo.
La decisión del CNE también afecta al Movimiento Político Colombia Humana y al partido político de izquierdas Unión Patriótica, por presuntamente permitir la financiación de la campaña con fuentes prohibidas, incluyendo personas jurídicas como los sindicatos de Fecode y la USO, así como la empresa Ingenial Media SAS.
Petro ha respondido a esta decisión afirmando que «ha comenzado el golpe de Estado», argumentando que el CNE no tiene la autoridad para investigar al presidente de la república, cuyo juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La medida del CNE no clarifica el grado de responsabilidad de Petro en estas presuntas irregularidades ni si los cargos son formulados a nombre propio o como parte del equipo de campaña.
