Las medidas implementadas por la Administración del presidente Donald Trump, incluyendo deportaciones masivas de migrantes indocumentados y un posible impuesto del 10% a los envíos de dinero desde Estados Unidos, podrían generar una significativa reducción en las remesas que México recibe anualmente.
Según investigadores de la Universidad de Guadalajara, las deportaciones podrían afectar aproximadamente al 20% de los migrantes indocumentados, lo que se traduciría en una pérdida de hasta 13 mil millones de dólares en remesas al año. Este impacto sería particularmente fuerte en la economía mexicana, ya que las remesas representaron aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el año pasado. Si se cumplen estas expectativas, las remesas podrían reducirse al 2.6% o menos del PIB[1][3][5].
Los estados más dependientes de estas remesas, como Chiapas y Jalisco, serían especialmente afectados. En Chiapas, las remesas representan el 15% del PIB estatal, mientras que Jalisco es el tercer mayor receptor de remesas a nivel nacional[1][3][5].
En 2023, los mexicanos en el extranjero enviaron 63,318 millones de dólares, y hasta noviembre de 2024 se habían registrado 59,517 millones de dólares en remesas, con un récord esperado de casi 65 mil millones de dólares para todo el año pasado[1][3].
Aunque se anticipa que el crecimiento de las remesas disminuirá, no se espera que los flujos se vuelvan negativos. La cultura mexicana del trabajo y la depreciación del peso frente al dólar en los últimos seis meses podrían mitigar parcialmente este impacto. Las familias podrían ajustarse a la nueva situación, con los familiares que se quedan en Estados Unidos asumiendo mayores responsabilidades para cubrir las necesidades de sus familiares en México[1][3].
El Gobierno mexicano podría necesitar tomar medidas como diversificar los mercados o optar por la vía diplomática, especialmente durante la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026. Además, se anticipa que el Gobierno mexicano podría recurrir a la deuda para solventar programas sociales y atender las consecuencias de la disminución de ingresos para las familias afectadas[1][3].
