La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, presentó una propuesta de reforma en el Congreso del Estado de Nuevo León con el objetivo de combatir el incumplimiento de pensión alimenticia, clasificándolo como una forma de violencia económica. Esta iniciativa busca modificar la fracción V del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la omisión total o parcial del pago de pensiones alimenticias se reconozca legalmente como un acto de violencia económica.
Según la propuesta, «la persona que parcialmente o totalmente no dé una pensión alimenticia, automáticamente se considera un violentador.» Esto se hace para visibilizar el problema y considerar el incumplimiento como una forma de violencia económica.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 75% de los hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y el 67.5% de las madres solteras enfrentan el incumplimiento de esta obligación por parte de sus exparejas.
Además, Peña presentó una reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado, enfocada en proteger a menores de 12 años y a los beneficiarios de pensión alimenticia de actos de violencia relacionados con el incumplimiento de dicha obligación. La propuesta incluye penas más severas, que van de 25 a 50 años de cárcel, para quienes lesionen o dañen a un menor por evadir el pago de la pensión alimenticia.
La reforma también plantea que delitos como lesiones, homicidio y lesiones calificadas hacia menores sean considerados agravados cuando se cometan con la intención de eludir el pago de pensión alimenticia. Este esfuerzo busca proteger el interés superior de la niñez y establecer sanciones ejemplares contra quienes vulneren sus derechos fundamentales.
