La llegada de Tesla a Nuevo León, uno de los mayores proyectos de inversión extranjera en la entidad, enfrenta ahora una disputa de fondo sobre la titularidad de los terrenos donde se construye la planta. María de los Ángeles García de Bryant ha presentado una denuncia ante notario público cuestionando la legalidad de la transacción que permitió a la empresa estadounidense adquirir los predios, argumentando que se trata de propiedades que pertenecen a su familia desde hace más de un siglo.
El reclamo familiar y la inversión de Tesla
Según el relato de García de Bryant, los terrenos en disputa han permanecido bajo control familiar durante más de 100 años, lo que sugiere un conflicto de propiedad de larga data. Tesla, por su parte, completó la transacción pagando casi 100 millones de dólares por los predios donde construye su planta de manufactura en la región. Esta inversión representa uno de los compromisos más significativos de la empresa en México y ha sido presentada por autoridades estatales como un catalizador para el desarrollo económico de Nuevo León.
El acto de alertar a un notario público sobre lo que García de Bryant denomina como «gigafraude» introduce un elemento procesal relevante, ya que los notarios tienen responsabilidades en la validación de documentos y transacciones inmobiliarias. La denuncia ante este actor institucional sugiere que la familia busca documentar formalmente sus objeciones al proceso de venta y crear un registro que respalde futuras acciones legales.
Este caso refleja tensiones más amplias que emergen cuando proyectos de envergadura internacional se desarrollan en territorio mexicano: la necesidad de verificar titularidad clara de bienes raíces, la protección de derechos históricos de propiedad y los plazos para ejercer reclamaciones. Nuevo León, como principal destino de inversión extranjera directa en el país durante los últimos años, ha visto multiplicarse este tipo de conflictos conforme grandes corporativos adquieren terrenos para operaciones manufactureras y de infraestructura.
Las próximas acciones legales de la familia determinarán si el reclamo avanza en instancias judiciales o si se resuelve mediante negociación. La complejidad aumenta por el volumen de dinero involucrado, los actores internacionales en juego y la necesidad de revisar documentación que podría remontarse décadas atrás. El caso también pone de manifiesto la importancia de los procesos de debida diligencia previos a transacciones inmobiliarias de esta magnitud, particularmente cuando se trata de propiedad con historia larga en manos de particulares.