La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que reduce de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores reciban una pensión no contributiva por parte del Estado. Esta reforma, aprobada con 408 votos a favor, 65 en contra y cero abstenciones, modifica los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de reducir la edad para la pensión de adultos mayores, la reforma establece que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años también tendrán derecho a una pensión no contributiva. El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad, dando prioridad a las menores de 18 años.
La reforma también incluye disposiciones para apoyar a campesinos, productores y pescadores de pequeña escala. Se garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas. Además, se otorgará un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
El Estado mantendrá precios de garantía para productos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable. La reforma establece el principio de progresividad para la asignación de recursos, asegurando que el monto de estos no podrá ser disminuido en términos reales respecto del asignado en los ejercicios anteriores.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una reserva aprobada que modifica el artículo 4º constitucional, sustituyendo el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en línea con las definiciones de la Agenda 2030 y ONU-Habitat.
El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de 180 días, a partir de la publicación del decreto, para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada. Las erogaciones generadas por esta reforma se realizarán con cargo a los recursos presupuestados aprobados expresamente para estos fines.