El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la existencia de un complot iraní para asesinar a Donald Trump, y acusó a un hombre que declaró que un funcionario del gobierno de Teherán le encomendó asesinar al candidato republicano antes de las elecciones del 5 de noviembre.
El imputado es Farhad Shakeri, presunto activo del gobierno iraní, quien pasó tiempo en prisiones estadunidenses por robo y que, según las autoridades, mantiene una red de asociados que participaron en los planes de Teherán para ultimar a Trump. Shakeri aseguró que un contacto de la Guardia Revolucionaria de Irán le instruyó en septiembre pasado que dejara de lado otros trabajos y armara un plan en siete días para vigilar y finalmente asesinar a Trump.
Shakeri se encuentra prófugo y se especula que permanece en Irán. Otros dos hombres ligados a Shakeri fueron arrestados bajo la acusación de haber sido reclutados para vigilar y matar a la periodista iraní-estadunidense Masih Alinejad, quien ha sufrido múltiples intentos de asesinato frustrados por las fuerzas del orden.
El secretario de Justicia estadunidense, Merrick Garland, expresó que «hay pocos actores en el mundo que representen una amenaza tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como Irán». El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, comentó que el caso muestra los «intentos descarados y continuos de Teherán a fin de atacar a estadunidenses, incluido Trump, así como a otros líderes gubernamentales y disidentes que critican al régimen en Teherán».
Adicionalmente, la jueza federal Tanya Chutkan decidió suspender temporalmente el caso contra Trump por intento de golpe de estado tras el resultado de las elecciones de 2020, en respuesta a la solicitud presentada por el fiscal especial de la causa, Jack Smith, quien también acusó al republicano de almacenar ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. Smith señaló que el caso deberá ser abandonado debido a que un presidente en funciones no puede ser procesado bajo la política del Departamento de Justicia de su propia administración.
