El Instituto Registral de Nuevo León (IRNL) ha reiterado su llamado al Congreso local para que apruebe una ley que combata los despojos y preventas ilegales de terrenos, un tema que lleva tres años sin resolverse. José María Urrutia, director del IRNL, destacó que la normativa es fundamental para modernizar los procesos de registro y proteger la información sobre propiedades en el estado. La iniciativa busca establecer mecanismos más eficientes para evitar fraudes y garantizar transparencia en las operaciones inmobiliarias.
La ley, que fue presentada hace tiempo, busca implementar herramientas digitales para agilizar los trámites y reducir la posibilidad de que terceros intervengan en registros falsos o no autorizados. Según Urrutia, la falta de aprobación ha dejado a la población vulnerable a prácticas ilícitas, como la venta de terrenos que no pertenecen a los vendedores o la ocupación de propiedades sin autorización. El director resaltó que la digitalización de los registros permitiría un acceso más seguro y verificable a la información de los bienes raíces.
Los obstáculos para la aprobación de la ley incluyen desacuerdos entre los partidos políticos que integran el Congreso local, así como la falta de consenso sobre los mecanismos de aplicación. Además, se han planteado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para implementar los cambios tecnológicos requeridos. Aunque el IRNL ha ofrecido apoyo técnico, algunos legisladores cuestionan si la ley aborda adecuadamente los casos de despojo en zonas rurales o urbanas, donde la informalidad es más pronunciada.
El contexto de esta demanda se enmarca en un escenario de creciente preocupación por la seguridad jurídica en el sector inmobiliario. En los últimos años, han surgido denuncias de usuarios que han perdido terrenos debido a fraudes o falta de actualización en los registros. La aprobación de la ley podría fortalecer la confianza en el sistema de propiedad y reducir conflictos entre propietarios y terceros. Sin embargo, si no se resuelve pronto, se correrá el riesgo de que los mecanismos existentes sigan siendo insuficientes para enfrentar las irregularidades.
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